
Los flujos de capital transfronterizos siguen marcando el mercado inmobiliario europeo. Los países del sur de Europa, como España, Portugal y Chipre, mantienen su atractivo gracias al clima, el estilo de vida y las oportunidades de visado. Sin embargo, estas mismas características que atraen a inversores legítimos también impulsan una mayor vigilancia por parte de los reguladores.
Quienes trabajan en el sector inmobiliario se encuentran en la primera línea de estos cambios, y es imprescindible conocer los riesgos y cómo abordarlos. Hemos identificado los cuatro desafíos más habituales.
La Unión Europea ha tomado medidas importantes para evitar que el sector inmobiliario se utilice para el blanqueo de fondos de procedencia ilícita, incluidos aquellos fondos derivados de conflictos armados. Los programas de ciudadanía por inversión están en el punto de mira, especialmente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en abril de 2025 que puso fin al ‘pasaporte dorado’ de Malta, y las nuevas directivas exigen mayor transparencia en las transacciones.
Para los agentes inmobiliarios y los abogados, esto significa que los controles AML y KYC mínimos que se han ido haciendo hasta ahora ya no son válidos. Ahora, los controles exhaustivos son fundamentales para asegurar las operaciones.
Cada país está yendo más allá. En España, por ejemplo, la normativa exige que tanto promotores y agencias como asesores y entidades no pertenecientes a la UE con intereses inmobiliarios en Europa informen detalladamente sobre la titularidad real de la propiedad. Las operaciones en efectivo superiores a 100.000 € requieren la aprobación previa de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Esto implica que los clientes tendrán que aportar más documentación, y hay que estar preparado para explicar y gestionar estos requisitos desde el inicio de la operación.
Las autoridades europeas están endureciendo los requisitos para identificar a los titulares reales tras las operaciones inmobiliarias. Los registros se amplían y los reguladores esperan que los profesionales inmobiliarios vayan más allá de las comprobaciones superficiales, estableciendo quién está verdaderamente detrás de cada transacción.
Esto exige procedimientos rigurosos de due diligence y sistemas que permitan validar estructuras de titularidad complejas, especialmente cuando intervienen sociedades offshore.
Con las tensiones geopolíticas en aumento, las listas de sancionados se expanden rápidamente y la supervisión se vuelve más estricta. Las operaciones en las que intervienen personas políticamente expuestas requieren controles más exhaustivos y mayores estándares de reporte.
Para quienes asesoran en estas operaciones, el cribado de sanciones y de personas políticamente expuestas debe incorporarse en el proceso de onboarding desde el principio, mediante sistemas fiables que se actualicen en tiempo real y demuestren el cumplimiento normativo en caso de auditoría.
El sector inmobiliario sigue siendo uno de los principales objetivos de los criminales para blanquear dinero. A medida que se intensifica la regulación, los profesionales que adopten procesos seguros y apoyados en la tecnología estarán mejor preparados para proteger a sus clientes, mantener las operaciones y conservar la confianza.
En Redpin hemos creado una plataforma de pagos segura y específica que agiliza las transacciones inmobiliarias internacionales. Nuestra solución pone el foco en un soporte AML/KYC robusto, respaldado por autenticación multifactor, cifrado de datos, seguimiento de pagos en tiempo real y auditorías centralizadas, lo que ayuda a mantener el cumplimiento de la normativa y la reducción de riesgos para ofrecer una experiencia impecable. Solicita una cita con nuestros expertos hoy para aprender más sobre Redpin Payments.
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